Octubre 2012

Daemon4 - Cursos de Formacion

10 Oct Boletín LOPD Octubre 2012 – Yecla

 

Boletín LOPD Octubre 2012

El ciclo de vida de los datos

En el tratamiento de los datos personales tenemos cuatro momentos fundamentales:
1. Recogida de los datos: Es el momento en que se recogen los datos. Puede ser del propio interesado, de un Tercero o de fuentes accesibles al público.
2. Conservación y utilización de los datos: Es el momento en que introducimos los datos recogidos en el fichero y los utilizamos para una finalidad específica. Por ejemplo,  elaborar facturas, nóminas, contratos, etc.
3. Comunicación de los datos: Es el momento en que comunicamos los datos, o el resultado del tratamiento a Terceros. Esto es conocido como “cesión o comunicación de datos”, ya sea a otra entidad o a la administración.
4. Supresión de los datos: Es el momento en que eliminamos definitivamente los datos porque ya no son necesarios o pertinentes para la finalidad para la cuál fueron recabados en su momento.
En cada uno de estos momentos existen unas obligaciones específicas y definidas que han de ser cumplidas.

A TENER EN CUENTA

El responsable del fichero es responsable en todos y cada uno estos momentos de lo que se hace con los datos.

Sanción por no atender requerimiento de la AEPD

En el procedimiento sancionador PS/00101/2012 se puede ver la sanción que puede sufrir una empresa por no atender debidamente el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, máxime, cuando la AEPD lo ha requerido para ello.

Con fechas 4 y 13 de enero de 2012, tuvieron entrada la AEPD escritos de Don B.B.B. (en lo sucesivo el enunciante), en los que denuncia que Don A.A.A. (en lo sucesivo el denunciado) no ha cumplido el requerimiento del Director de esta AEPD, relativo a la Resolución de la tutela de derechos nº TD/00706/2010, por la que se estimaba su reclamación y se instaba al denunciado para que en el plazo de diez días facilitase el acceso a sus datos sanitarios contenidos en sus ficheros o, en su defecto, denegase motivada y fundamentadamente dicho acceso.

En fecha 2 de abril de 2012, se intentó la notificación del citado acuerdo de inicio de procedimiento sancionador al denunciado, por medio del servicio de correos, con el resultado de “Ausente en reparto”. Se envió para su notificación el citado acuerdo de inicio de procedimiento sancionador al denunciado, mediante su exposición en el Tablón de edictos del Ayuntamiento de Valencia. El edicto estuvo expuesto en el Tablón de edictos del Ayuntamiento de Madrid desde el 25 de abril al 15 de mayo de 2012. El 27 de abril de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, otorgándose al denunciado plazo para efectuar alegaciones a dicho acuerdo.

La falta de atención al requerimiento del Director de la AEPD al imputado en este procedimiento, establece la base de facto para fundamentar la imputación de la infracción.

Resultado: Sanción de 5.000€ por infrac-ción del art. 37.1.a) de la LOPD.

LA AEPD ACLARA

Uso de cámaras para controlar asistencia

El informe 0392/2011 de la AEPD resuelve la consulta planteada sobre la conformidad con lo dispuesto en la LOPD, y su Reglamento de Desarrollo, del tratamiento de los datos necesarios para el reconocimiento de los alumnos de un determinado centro universitario a través de programas de reconocimiento facial, que se utilizarán para el control de su asistencia a las clases y la identificación de los mismos en la realización de las correspondientes pruebas.

De dicho informe jurídico se extrae lo siguiente:

  1. Para comprobar si una medida restrictiva supera el juicio de proporcionalidad, y por tanto, puede aplicarse, se ha de constatar que cumple estas tres condiciones:
    1. Si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad).
    2. Si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad).
    3. Y finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios que perjuicios (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).
  2. La finalidad, propuesta, control de asistencia, podría lograrse igualmente a través de otros mecanismos utilizados habitualmente y menos intrusivos.

En conclusión, dicho tratamiento de los datos vulnera, a juicio de la AEPD, el principio de proporcionalidad y, en segundo lugar, genera unos riesgos innecesarios derivados del propio tratamiento de los datos que no se concilian fácilmente con las normas reguladoras del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Read More
Daemon4 - Cursos de Formacion

03 Oct Preguntas frecuentes para: Ámbito de aplicación de la LSSI

Preguntas Frecuentes

En nuestro anterior post os detallabamos los aspectos técnicos de la LSSI, en este os indicamos las preguntas frecuentes que suelen presentarse para el Ámbito de aplicación.

Toda información que podréis ver en este post está extraida de la web de Ministerio de Industria, Energía y Turismo

  1. ¿Quiénes están sujetos a la Ley?
  2. ¿Los servicios que se prestan de forma gratuita están dentro del ámbito de aplicación de la Ley?
  3. ¿Se aplica la LSSI a las Administraciones Públicas?
  4. ¿Se aplica la legislación española si un consumidor residente en España compra un producto o contrata un servicio a una tienda on-line extranjera?
  5. Mi empresa tiene una página web con información sobre su actividad, productos y servicios que vende, pero éstos no pueden contratarse a través de la página web, ¿me afectan las obligaciones para los prestadores de servicios?
  6. ¿Cuándo se entiende que una página web representa una “actividad económica” para su titular?
  7. Dispongo de una página web personal. ¿Me afecta la nueva Ley?
  8. Dispongo de una página web personal, pero para financiar gastos tengo alojados “banners” u otros medios de publicidad. ¿En qué me afecta la nueva Ley?
  1. ¿Quiénes están sujetos a la Ley?

    Las personas que realicen actividades económicas por Internet u otros medios telemáticos (correo electrónico, televisión digital interactiva…), siempre que:

    • La dirección y gestión de sus negocios esté centralizada en España o,
    • posea una sucursal, oficina o cualquier otro tipo establecimiento permanente situado en territorio español, desde el que se dirija la prestación de servicios de la sociedad de la información.

    Se presumirán establecidos en España y, por tanto, sujetos a la Ley a los prestadores de servicios que se encuentren inscritos en el Registro Mercantil o en otro Registro público español en el que fuera necesaria la inscripción para la adquisición de personalidad jurídica.

    La utilización de un servidor situado en otro país no será motivo suficiente para descartar la sujeción a la Ley del prestador de servicios. Si las decisiones empresariales sobre el contenido o servicios ofrecidos a través de ese servidor se toman en territorio español, el prestador se reputará establecido en España.

  2. ¿Los servicios que se prestan de forma gratuita están dentro del ámbito de aplicación de la Ley?

    El criterio para determinar si un servicio o página web está incluido dentro del ámbito de aplicación de la Ley es si constituye o no una actividad económica para su prestador. Todos los servicios que se ofrecen a cambio de un precio o contraprestación están, por tanto, sujetos a la nueva Ley.

    Sin embargo, el carácter gratuito de un servicio no determina por sí mismo que no esté sujeto a la Ley. Existen multitud de servicios gratuitos ofrecidos a través de Internet que representan una actividad económica para su prestador (publicidad, ingresos de patrocinadores, etc.) y, por lo tanto, estarían incluidos dentro de su ámbito de aplicación. Ejemplos de estos servicios serían los habituales buscadores, o servicios de enlaces y directorios de páginas web, así como páginas financiadas con publicidad o el envío de comunicaciones comerciales.


  3. ¿Se aplica la LSSI a las Administraciones Públicas?

    En general, la LSSI no se aplica a las Administraciones Públicas, puesto que éstas no tienen el carácter de prestador de servicios de la sociedad de la información definido en su anexo. De esta forma, determinadas actividades típicas de las Administraciones, como la gestión electrónica de la recaudación de tributos o la información sobre los servicios de un tercero (como podría ser la mera información en la página web de un Ayuntamiento sobre las casas rurales existentes en el término municipal) se consideran como actividades públicas o de interés general distintas a la “actividad económica” a la que se refiere la LSSI.

    Sin embargo, cuando la actividad de una Administración sí tenga un carácter económico (por ejemplo, la venta de libros turísticos por una entidad pública dependiente de un Ayuntamiento), le será aplicable la LSSI.

  4. ¿Se aplica la legislación española si un consumidor residente en España compra un producto o contrata un servicio a una tienda on-line extranjera?

    La normativa española se aplicará a los contratos que los consumidores celebren con prestadores establecidos en España. El lugar de establecimiento en España de un prestador de servicios debe estar indicado en su página web y puede comprobarse mediante consulta al Registro Mercantil u otro en que el prestador esté inscrito.

    También se aplicará la Ley española a las compras que efectúen a prestadores de servicios establecidos en otro Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (países de la Unión Europea más Noruega, Islandia y Liechtenstein), siempre que la normativa española sea más beneficiosa para el consumidor que la legislación del país en que resida el prestador de servicios.

    Si la compra o la contratación del servicio se realiza a un prestador de servicios establecido en un país que no pertenezca al Espacio Económico Europeo, la legislación española sólo será aplicable si los consumidores españoles compran en tiendas virtuales que dirijan su actividad al mercado español o se hayan puesto en contacto con el consumidor a través de correo electrónico.

  5. Mi empresa tiene una página web con información sobre su actividad, productos y servicios que vende, pero éstos no pueden contratarse a través de la página web, ¿me afectan las obligaciones para los prestadores de servicios?

    Sí. La Ley se aplica a toda actividad con trascendencia económica que se realice por medios electrónicos. En este caso, la empresa sólo está obligada a facilitar, a través de su página web, los datos de información general establecidos en el artículo 10 y a asegurarse de que la publicidad de otras empresas que, en su caso, figure en la página web pueda distinguirse claramente del contenido propio de la página y esté identificado el anunciante.

  6. ¿Cuándo se entiende que una página web representa una “actividad económica” para su titular?

    Cuando éste percibe ingresos directos (por las actividades de comercio electrónico que lleve a cabo a través de la página, etc.) o indirectos (por publicidad, patrocinio, etc.) derivados de su página web, con independencia de que éstos permitan sufragar el coste de mantenimiento de la página, igualen esa cantidad o la superen.

  7. Dispongo de una página web personal. ¿Me afecta la nueva Ley?

    La Ley no se aplicará a una página web personal cuando su titular no realice ningún tipo de actividad económica a través de la misma.

    Si la página web tiene alojada publicidad en forma de “banners”, “pop-ups”, etc., su titular estará sujeto a la Ley si percibe alguna remuneración por los mismos. Si éstos no generan ningún ingreso a su titular, por ejemplo, por haber sido impuestos a cambio de la prestación de un servicio gratuito de alojamiento, éste no estará obligado a cumplir las obligaciones previstas en la Ley. Todo ello sin perjuicio de que a esa página le afecten otras normas jurídicas que sean de aplicación por ser públicamente accesible, como el Código Penal o la legislación sobre propiedad intelectual.

  8. Dispongo de una página web personal, pero para financiar gastos tengo alojados “banners” u otros medios de publicidad. ¿En qué me afecta la nueva Ley?

    La Ley es de aplicación a las páginas web que ofrezcan mensajes publicitarios por los que el titular de la página perciba algún ingreso. Sin embargo, los únicos requisitos que establece la Ley en cuanto al contenido de las páginas de Internet consisten en incluir una información básica en la página web del prestador. Para una página web personal, la información que debe facilitarse es la siguiente:

    • Su nombre
    • Domicilio (indicando, al menos, la localidad y provincia de residencia)
    • Dirección de correo electrónico.
    • NIF
    • Cualquier dato que permita establecer una comunicación directa y efectiva, como podría ser, por ejemplo, un teléfono o un número de fax.
    • Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de consultarlos electrónicamente.

    La publicidad que se muestre en la página web deberá ajustarse a lo establecido en la Ley, la cual obliga a identificar al anunciante y a presentarla de manera claramente distinguible de los contenidos no publicitarios de la página. Así mismo, deberán respetarse las restantes normas sobre publicidad, recogidas en otras leyes.

Read More
Daemon4 - Cursos de Formacion

03 Oct Ley de Servicios de la Sociedad de la Información

Introducción:

Últimamente muchos clientes recurren a nosotros para resolver dudas con respecto a este tema así que en este post os vamos a detallar aspectos técnicos de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, más conocida como LSSI.

Toda información que podréis ver está extraida de la web de Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Obligaciones y responsabilidades de los prestadores

Los prestadores de servicios deben indicar en su página web:

  • Su nombre o denominación social y datos de contacto: Domicilio, dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita una comunicación directa y efectiva, como por ejemplo un teléfono o un número de fax.
  • Si la empresa está registrada en el Registro Mercantil o cualquier otro registro público, deberá señalar también el número de inscripción que le corresponda.
  • Su NIF.
  • Información sobre el precio de los productos, indicando si incluye o no los impuestos aplicables, gastos de envío y cualquier otro dato que deba incluirse en cumplimiento de normas autonómicas aplicables.

En el caso en que la actividad que se ejerza precise de una autorización administrativa  previa, los datos relativos a la misma y los identificativos del órgano encargado de su supervisión.

Si se ejerce una profesión regulada, los datos del Colegio profesional y el número de colegiado, el título académico y el Estado de la Unión Europea en que se expidió y la correspondiente homologación, en su caso.

Los códigos de conducta a los que esté adherido, en su caso, y la forma de consultarlos electrónicamente.

 

Dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos (“cookies”)

Cuando los prestadores de servicios empleen dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales, informarán a los destinatarios de manera clara y completa sobre su utilización y finalidad, ofreciéndoles la posibilidad de rechazar el tratamiento de los datos mediante un procedimiento sencillo y gratuito.

Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso a datos con el fin de efectuar o facilitar técnicamente la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario.

 

Deber de colaboración y responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación

Los prestadores de servicios de intermediación no tienen obligación de supervisar los contenidos que alojan, transmiten o clasifican en un directorio de enlaces, pero deben colaborar con las autoridades públicas cuando se les requiera para interrumpir la prestación de un servicio de la sociedad de la información o  para retirar un condenido de la Red.

Los prestadores de servicios de intermediación, no son, en principio, responsables por los contenidos ajenos que transmiten, alojan o a los que facilitan acceso.

Pueden incurrir en responsabilidad si toman una participación activa en su elaboración o si, conociendo la ilegalidad de un determinado material, no actúan con rapidez para retirarlo o impedir el acceso al mismo.

 

Información sobre seguridad

A partir del 29 de marzo de 2008, los proveedores de acceso a Internet están obligados a informar a sus usuarios sobre los medios técnicos que permitan la protección frente a las amenazas de seguridad en Internet (virus informáticos, programas espías, spam) y sobre las herramientas para el filtrado de contenidos no deseados.

Asimismo, se obliga a dichos prestadores, así como a los prestadores de servicios de correo electrónico, a informar a sus clientes sobre las medidas de seguridad que apliquen en la provisión de sus servicios.

Los proveedores de acceso a Internet deberán también informar a sus clientes sobre las posibles responsabilidades en que puedan incurrir por el uso de Internet con fines ilícitos.

Las anteriores obligaciones de información se darán por cumplidas si el prestador incluye dicha información en su página o sitio principal de Internet.

 

Contratación electrónica y publicidad

La Ley asegura la validez y eficacia de los contratos que se celebren por vía electrónica, aunque no consten en soporte papel. Se equipara la forma electrónica a la forma escrita y se refuerza la eficacia de los documentos electrónicos como prueba ante los Tribunales,  resultando también éstos admisibles en juicio como prueba documental.

Pueden celebrarse por vía electrónica todo tipo de contratos, salvo los relativos al Derecho de familia y sucesiones, por ejemplo adopciones, matrimonio o testamento. Si los contratos deben ir seguidos del cumplimiento de ciertos requisitos formales, como su elevación a escritura pública o su inscripción en algún Registro, dichos requisitos seguirán siendo exigibles para que el contrato sea plenamente válido o eficaz.

El prestador de servicios de la sociedad de la información que lleve a cabo un proceso de contratación electrónica tendrá, en síntesis, las siguientes obligaciones:

1) Antes de iniciar el procedimiento de contratación.

Deberá poner a dispsición del usuario, mediante técnicas adecuadas al medio de comunicación utilizado, de forma permanente, fácil y gratuita, información clara, comprensible e inequívoca sobre:

  • Los trámites o pasos que debe seguir para celebrar el contrato.
  • Si va a archivar el documento electrónico del contrato y si va ser accesible.
  • Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir los errores en la introducción de los datos, antes de confirmarlos.
  • La lengua o lenguas en las que  puede formalizarse el contrato.
  • Las condiciones generales de contratación que, en su caso, rijan el contrato.
  • La obligación de poner a disposición la información anterior se dará por cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio web.
  • Cuando a los servicios se acceda mediante dispositivos que cuenten con pantallas de formato reducido (ej. móviles) se dará por cumplida la obligación si se facilita la dirección de Internet donde se encuentre dicha información.

2) Celebrado el contrato, el prestador debe:

Confirmar la recepción de la aceptación, ya seapor medio de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente, ya sea a través de un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación.

Las anteriores obligaciones quedan exceptuadas en dos supuestos:

  • Cuando hubiera un acuerdo entre las partes en tal sentido y ninguna de ellas tuviera la condición de consumidor, y
  • Cuando el contrato se haya celebrado exclusivamente mediante el intercambio de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente.

Publicidad (internet, correo electrónico y otros análogos)

La publicidad debe presentarse como tal, de manera que no pueda confundirse con otra clase de contenido, e identificarse de forma clara al anunciante. Cuando la publicidad se envía por correo electrónico, incluirán al comienzo del mensaje la palabra “publicidad” o la abreviatura “publi”.

Cuando se trate de ofertas promocionales, es decir, aquellas que incluyan regalos o premios o descuentos, y concursos o juegos promocionales, deben cumplir, además de lo anterior y de lo establecido en la normativa de ordenación del comercio minorista, con las siguientes obligaciones:

  • Las ofertas, concursos o juegos deben aparecer claramente identificados como tales.
  • Las condiciones de acceso y participación deben ser fácilmente accesibles y expresadas de forma clara e inequívoca.

Todo ello sin perjuicio de lo que disponga la normativa de las Comunidades Autónomas con competencias exclusivas sobre consumo, comercio electrónico o publicidad.

El mensaje publicitario deberá haber sido previamente solicitado o autorizado expresamente por el destinatario. No obstante, se permite el envío de comunicaciones comerciales a aquellos usuarios con los que exista una relación contractual previa, en cuyo caso el proveedor podrá enviar publicidad sobre productos o servicios similares a los contratados por el cliente.

En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que se le dirijan.  El prestador de servicios deberá establecer procedimientos sencillos y gratuitos a tal efecto.

Estas reglas son también aplicables al envío de mensajes publicitarios por otros medios de comunicación electrónica individual equivalente, como el servicio de mensajería de la telefonía móvil.

 

Códigos de conducta y resolución de conflictos

La ley prevé que las Administraciones Públicas deberán fomentar la elaboración y aplicación de códigos de conducta e impulsar la participación en los mismos de todas las asociaciones y organizaciones interesadas.

Asimismo, establece que los códigos de conducta serán accesibles por vía telemática, debiendo informar los prestadores de servicios a los usuarios sobre los códigos a que se han adherido y la forma de consultarlos electrónicamente. La adhesión a un Código de conducta es voluntaria.

Medios de resolución de conflictos

La Ley potencia los instrumentos de resolución extrajudicial de conflictos por medios electrónicos, para que éstos puedan solucionarse de manera sencilla, cómoda y económica para las partes.

Los consumidores y usuarios podrán ejercer también una acción judicial de cesación para obtener el cese inmediato de toda conducta contraria a la Ley que lesione sus intereses. Esta acción podrá ejercerse ante la jurisdicción civil por un procedimiento ágil y rápido.

Los procedimientos existentes para la resolución judicial y extrajudicial de conflictos en relación con los servicios de la Sociedad de la Información y el comercio electrónico son los siguientes:

Procedimientos de resolución judicial de conflictos

Los usuarios tienen a su disposición todo el repertorio de acciones civiles y penales para reclamar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por vía electrónica, la reparación debida por la producción de daños y perjuicios o que se restaure la legalidad ante la comisión de un hecho delictivo perpetrado con la ayuda de medios electrónicos.

La LSSI añade a éstas una nueva acción, la acción de cesación, dirigida a obtener el cese inmediato de toda conducta contraria a la Ley que lesione los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios o a prohibir su reiteración futura.

Esta acción podrá ser ejercida por las personas, asociaciones o grupos de consumidores y usuarios perjudicados, así como por el Ministerio Fiscal, el Instituto Nacional del Consumo y los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales con competencias en materia de defensa de los consumidores. Se reconoce igualmente capacidad a las entidades legitimadas en otros Estados miembros de la Unión Europea para ejercitar esta acción si la conducta lesiva tiene su origen en la actividad de un prestador de servicios español.

El procedimiento de tramitación de esta acción se regula en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos

Hay muchos tipos de procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos, desde los más simples, como la institución de un “defensor del cliente” o de un servicio de reclamaciones en la propia empresa, hasta los órganos creados por la propia industria para controlar el cumplimiento de normas deontológicas que se hayan comprometido a cumplir (normalmente incluidas en Códigos de conducta).

Por lo que respecta a los sistemas de arbitraje, además de poder acudir al arbitraje convencional, regulado en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, existe el Arbitraje de Consumo, regulado por el Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, dictado en desarrollo de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que resuelve con carácter vinculante conflictos entre empresas y consumidores, siempre que ambas partes se sometan voluntariamente al mismo. El sistema arbitral de consumo tiene la ventaja de que los conflictos se resuelven con rapidez (en menos de cuatro meses desde que son designados los árbitros) y de forma gratuita para las partes (salvo si las partes solicitan la práctica de determinadas pruebas).

El sistema arbitral de consumo español está integrado dentro de una red europea de órganos de resolución extrajudicial de conflictos con consumidores, que ha sido concebida para proporcionar un mecanismo rápido, cómodo y económico de resolución de disputas en las relaciones comerciales transfronterizas que se concierten por medios electrónicos.

En la página http://www.consumo-inc.es/arbitraje/arbitraje.htm, puede encontrarse información sobre ambos sistemas (nacional y comunitario) de resolución de conflictos.

Por otro lado, en lo relativo a conflictos surgidos entre consumidores españoles y empresas de otros estados miembros de la Unión Europea y los surgidos entre empresas españolas y consumidores de otros estados de la Unión, se encuentra información en la página web del Centro Europeo del Consumidor .

En la página de la Comisión Europea encontrará toda la información publicada por dicha institución comunitaria sobre la red europea de resolución extrajudicial de conflictos con consumidores.

Desde una perspectiva más amplia, algunas organizaciones internacionales han recopilado información sobre los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos por vía electrónica, los cuales pueden utilizarse para la resolución de los que surjan en transacciones entre personas residentes en distintos países. A este respecto, pueden consultarse las siguientes páginas de Internet:

Régimen de infracciones y sanciones

Las infracciones previstas por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LSSI se califican como leves, graves y muy graves, imponiéndose en cada caso las siguientes sanciones:

 

Tipo de infracción y sanción correspondiente
 Infracción  Sanción
 Muy Grave  Multa de 150.001 a 600.000 euros
 Grave  Multa de 30.001 a 150.000 euros
 Leve  Multa de hasta 30.000 euros

 

Inspección y procedimiento sancionador

La Ley otorga las funciones de supervisión y control de la misma al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el ámbito de la Administración General del Estado, y a los órganos que correspondan de las Comunidades Autónomoas en sus respectivos ámbitos territoriales y competenciales. En esta función de control, los órganos citados podrán llevar a cabo las actuaciones inspectoras que sean precisas.

La imposición de sanciones por el incumplimiento de lo previsto en la LSSI corresponderá al órgano o autoridad que dictó la resolución incumplida o al que estén adscritos los inspectores.

Asimismo las infracciones respecto a los derechos y garantías de los consumidores y usuarios serán sancionadas por el órgano correspondiente de las Comunidades Autónomas competentes en materia de consumo.

En el ámbito de la Administración General del Estado, la potestad sancionadora corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en los términos previstos por el artículo 43 de la Ley.

No obstante, corresponde a la Agencia de Protección de Datos la imposición de sanciones por el incumplimiento de los artículos 21 y 22 de la Ley.

La potestad sancionadora se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en sus normas de desarrollo en la materia, especialmente el RD 1398/1993 que regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. No obstante, el plazo máximo de duración del procedimiento simplificado será de tres meses.

 

Read More
Daemon4 - Contabilidad Contadoc

01 Oct Jornada en Yecla sobre fiscalidad de la retribución de socios y administradores

Jornada en Yecla sobre fiscalidad de la retribución de los socios y administradores y formas de financiación no bancaria de A.D.E ASESORES

10 de Octubre de 2012, de 16:30 a 18:30.
Aula de Formación de ADE Asesores, sito en
Camino Real 30 Bajo, en Yecla (Murcia).

Retribuciones de los Socios y/o Administradores

La Agencia Tributaria, el pasado mes de marzo publicó una nota aclaratoria referente al tratamiento fiscal y al criterio que aplicará a la tributación de las remuneraciones que los socios perciben de sus sociedades, criterio hasta la fecha en entredicho, y que  parece haberse aclarado. Tanto la empresa como el socio, habrán de tener en cuenta una serie de consideraciones a la hora de declarar estas retribuciones y su correspondiente retención, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y su posterior deducibilidad en el Impuesto de Sociedades.
Ello puede suponer cambios en las nóminas de los socios y modificaciones en los Estatutos de la sociedad a realizar con Urgencia.

Líneas de Financiación No Bancaria

El crédito bancario a las pymes no se va a reactivar hasta que la banca
española no resuelva sus propios problemas, esto obliga a todas aquellas
pymes que quieran sobrevivir a buscar vías alternativas de financiación fuera
del sistema financiero.

A partir de esta necesidad vamos a introducir brevemente las otras vías de
financiación que hay disponibles en el mercado: préstamos concedidos
directamente por el Ministerio de Industria, mercado de renta fija para pagarés
de empresa, business angels, o “capital semilla”, entre otros.

Programa:

16:30  Retribución de socios y administradores:
–  Repercusiones en la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
–  Deducibilidad de las retribuciones en el Impuesto sobre Sociedades.
–  Repercusiones en la Exención en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

17:15  Pausa – Café.

17:30 Vías de financiación no bancaria para pymes:
–  Mercado de renta fija para pagarés de empresa y facturas a corto plazo.
–  Fondo de titulización de activos para pymes.
–  Capital semilla: el ICO y el Fondo Europeo de inversiones para socios.

18:15 Coloquio

Ponentes

José Luis Soriano Morata.
Asesor Fiscal.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.

José Andrés Santa.  
Asesor Financiero Independiente – €FA.
Economista.

 

Inscripción

La inscripción es gratuita, a los asistentes se les hará entrega de un dossier.

Se ruega que confirmen la asistencia antes del día 5 de octubre llamando a los teléfonos 968751890 o 656378834, al fax 968750966, o al  e-mail: administrador@adesoriano.com

Dirigido especialmente a pymes de carácter mercantil.

AFORO LIMITADO.

 

Read More

Utilizamos cookies propias y de terceros para recoger información analítica sobre el uso de la web, si continúa navegando, acepta nuestra política de cookies, su instalación y uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre las cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies